La Ley 21.595 de Delitos Económicos establece criterios específicos para su aplicación, diferenciando entre las responsabilidades personales y corporativas en la comisión de delitos económicos. Esta normativa no solo abarca los delitos cometidos de manera individual, sino también aquellos en los que las empresas y sus altos mandos están implicados, especialmente cuando existe un “beneficio económico” para la entidad. En esta entrada, exploramos los requisitos de aplicación de la ley, las condiciones para los delitos de segunda y tercera categoría, y el alcance de la normativa para empresas de distintos tamaños.
1. Condiciones para Delitos Relativos en Segunda y Tercera Categoría
La Ley 21.595 clasifica los delitos económicos en categorías, siendo la segunda y tercera las que abordan los delitos relativos. Estos delitos no son económicos en sí mismos, sino que adquieren el carácter de delito económico cuando se cometen en un contexto organizacional o corporativo, y generan un beneficio para la entidad involucrada.
Segunda Categoría
En la segunda categoría, se encuentran delitos relacionados con el ámbito corporativo que implican acciones fraudulentas o corruptas para favorecer a una empresa. Para que estos delitos sean considerados delitos económicos, deben cumplir con ciertas condiciones:
- Vinculación con la empresa: El delito debe haber sido cometido en el marco de la actividad de la empresa y en beneficio de ella.
- Participación de Directivos o Altos Cargos: Los infractores suelen ocupar posiciones de poder o responsabilidad en la organización, lo que facilita el aprovechamiento del delito para fines empresariales.
Tercera Categoría
En la tercera categoría, los delitos deben estar vinculados a la empresa, aunque de manera indirecta. Estos delitos pueden ser considerados económicos si la empresa se beneficia de ellos de alguna manera, aunque no necesariamente de forma directa. Esta categoría incluye acciones que contribuyen al crecimiento económico o a la estabilidad financiera de la empresa a través de prácticas ilícitas.
2. Definición de “Beneficio Económico” para la Empresa
Uno de los elementos clave en la Ley 21.595 es la definición del “beneficio económico” que una empresa puede obtener mediante prácticas ilícitas. Este beneficio puede ser directo o indirecto, y es un factor determinante para aplicar la ley en casos de delitos relativos.
Tipos de Beneficio Económico
- Beneficio Directo: Cuando la empresa obtiene ganancias, evita pérdidas, o mejora su posición financiera como resultado directo del delito. Por ejemplo, el uso de información privilegiada para evitar una pérdida de inversión sería un beneficio directo.
- Beneficio Indirecto: Implica situaciones en las que la empresa se beneficia de manera secundaria. Un ejemplo podría ser un acto de corrupción que mejora la reputación de la empresa o fortalece sus relaciones comerciales, aunque no genere ingresos inmediatos.
La ley considera estos beneficios económicos como pruebas de que la organización se ha beneficiado de la actividad ilícita, y, por lo tanto, permite sancionar a la entidad bajo el régimen de delitos económicos, estableciendo así una responsabilidad corporativa.
3. Aplicación de la Ley a Medianas y Grandes Empresas: Exclusión de Micro y Pequeñas Empresas
La Ley 21.595 tiene en cuenta el tamaño de las empresas al aplicar sanciones y evaluar responsabilidades. Esto significa que no todas las empresas están sujetas a las mismas reglas y que las micro y pequeñas empresas están excluidas de ciertos aspectos de la ley.
Empresas Medianas y Grandes
- La ley se enfoca principalmente en las medianas y grandes empresas, ya que se considera que estas entidades tienen mayores recursos y capacidad de influir en el mercado, y, por ende, el impacto de sus acciones puede ser más amplio.
- Las medianas y grandes empresas están sujetas a una revisión exhaustiva en casos de delitos económicos y enfrentan sanciones significativas cuando se encuentran pruebas de beneficios económicos obtenidos a través de actividades ilícitas.
Micro y Pequeñas Empresas
- Las micro y pequeñas empresas están excluidas de ciertos aspectos de la Ley 21.595. Esta excepción se debe a que, en general, estas empresas tienen un alcance más limitado y sus actos no suelen generar un impacto significativo en el sistema económico.
- Sin embargo, esto no exime a las micro y pequeñas empresas de cumplir con las leyes generales, pero sí las excluye de las sanciones y penalidades específicas establecidas para delitos económicos bajo la Ley 21.595.
Conclusión
La Ley 21.595 de Delitos Económicos introduce una estructura detallada para evaluar la responsabilidad corporativa en casos de delitos económicos. Al establecer condiciones específicas para los delitos relativos y diferenciar el “beneficio económico” directo e indirecto, la ley asegura que las empresas que actúan en el marco de prácticas ilícitas enfrenten las consecuencias adecuadas. Además, la exclusión de las micro y pequeñas empresas muestra un enfoque equilibrado, que busca sancionar de manera proporcional al impacto y los recursos de cada entidad.